El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que desde hace ocho meses se adelanta una investigación contra el venezolano Carlos Manuel Pino y que tienen pruebas que lo comprometen.
“Tenemos copiosa actividad probatoria que incluye interceptaciones telefónicas legalizadas y esas investigaciones acreditan su compromiso en actividades delicadas de afectación del orden público nacional”, señaló.
El Jefe del ente acusador agregó que las pruebas están siendo valoradas por los fiscales “para establecer de qué manera habrán de judicializarse en Colombia”, ya que Pino fue expulsado del país el pasado miércoles.
Aunque Martínez no señaló los delitos que comprometerían al venezolano con la justicia colombiana, dejó ver que las investigaciones también apuntan a posibles seguimientos ilegales a otros ciudadanos extranjeros en este país.
“Él estaba vinculado a actividades que afectaban el orden público desde ciertos sectores políticos definitivamente, y también había actividades que los fiscales tendrán que establecer si constituían seguimientos legales o ilegales a ciudadanos venezolanos extranjeros, como en el caso de la fiscal venezolana Luisa Ortega”.
De otra parte, Marta Varón, una de las personas que denunció a Pino como enviado del Gobierno de Nicolás Maduro para hacer labores de espionaje, aseguró que este ofrecía dinero a migrantes venezolanos para que organizaran desórdenes en Colombia.
En declaraciones a Noticias Caracol, Varón dijo que “en varios momentos vimos al señor Pino, donde gente del mismo ‘cambuche’ nos empezó a decir: ‘Mire, esas personas que están en las camionetas, que son gente que viene con la embajada, vienen a ofrecerle plata a unos muchachos para que hagan unos trabajos de inteligencia dentro del ‘cambuche’ y convenzan a las personas de crear problemas”
La colombovenezolana aseguró también que planearon una intoxicación “porque en ese momento el presidente Duque estaba en el exterior denunciando el éxodo y pidiendo ayuda económica”.
Según la denunciante, la ONG a la que pertenece, que se encarga de dar auxilio a migrantes venezolanos en Colombia, denunció a Pino, quien trabajaba para la embajada venezolana en Bogotá.
“Te exhorto a que me compruebes que yo estuve en esos campamentos. Jamás ni nunca he estado en esos campamentos ni fui al terminal. Esa es una actitud bellaca de parte del que generó esa matriz”, respondió el funcionario a periodistas de Blu Radio al negar que haya estado en los campamentos de venezolanos en la capital del país.
Lo que sí admitió es que participó en un plan desarrollado por el encargado de negocios de la embajada, Jean Carlos Torres, quien estuvo en esos sitios tratando de convencer a los ciudadanos de que regresaran a Venezuela.
Pino aseguró que no es un peligro para la seguridad de Colombia y que, de ser así, las autoridades nacionales debieron haberlo detenido.
“Si yo fuera un peligro para la seguridad de Colombia, lo más obvio que pudieron haber hecho las autoridades colombianas era haberme detenido y mostrar las pruebas” y añadió que está dispuesto a regresar a Colombia a verificar cuáles son los delitos de los que se le está acusando.
Señaló que “estaba departiendo en un restaurante público con unos amigos de un sindicato, hablando de temas nacionales y políticos con relación a la situación de Colombia y Venezuela. Eso no es injerencia política”.
Asimismo, el esposo de una exfuncionaria de la Alcaldía de Bogotá sostuvo que en este país solo ha trabajado para evitar la ruptura total de las relaciones entre las dos naciones.
Carlos Manuel Pino es esposo de Gloria Inés Flórez, excongresista del Polo Democrático y exsecretaria de Gobierno de Bogotá.
Inteligencia en Colombia
Luego de la expulsión de Pino, Rafael Ortega, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, dijo que hay más actividades de inteligencia en Colombia.
Según su denuncia, dicha inteligencia del vecino país aquí se está haciendo a través del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Venezuela y mediante el G2 Cubano, servicio de inteligencia de la isla que se instaló en Bogotá.
Aseguró que estas labores empezaron en Cúcuta y ahora se hacen en la capital del país, específicamente a personas venezolanas opositoras al Gobierno de Nicolás Maduro que están radicadas en Colombia.
Ortega aseguró tener información de que “un grupito de cubanos” está infiltrando universidades, hecho que, según dijo, ya se lo comunicó al rector del claustro de educación superior, sobre el cual prefirió mantener en reserva su nombre.
Luego de que Colombia deportara a Carlos Pino, el Gobierno venezolano expulsó a Juan Carlos Pérez, funcionario consular colombiano no acreditado en el país vecino.
Detenidos en Venezuela
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronunció sobre la situación en la que se encuentran 59 ciudadanos colombianos, privados ilegalmente de su libertad en la Estación de Policía de La Yaguara, en Caracas, Venezuela.
El dictamen, proferido a instancias del Gobierno de Colombia y dado a conocer oficialmente en el día de ayer, señala que la detención de estos 59 connacionales es arbitraria, y que, en consecuencia, el régimen venezolano debe disponer sin dilación alguna su liberación inmediata y concederles el derecho a obtener una indemnización y una reparación adecuada.
Además, insta a Venezuela a realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias de la detención de los 59 colombianos y a tomar las medidas pertinentes contra los responsables.
