MANAGUA, 09 MAYO.- La decisión del gobierno de Daniel Ortega de retirar la concesión del canal interoceánico a la empresa china HKND Group ha despertado la inquietud de los opositores nicaragüenses en el exilio. La sospecha principal apunta a que este movimiento podría allanar el camino para la entrada de la República Popular China como nuevo responsable del controvertido proyecto.
La exguerrillera sandinista Dora María Téllez, férrea crítica del régimen, sostiene que la anulación de la concesión a Wang Jing, el empresario chino detrás de HKND Group, es una estrategia para entregar el proyecto a China “a precio de saldo”. Esta preocupación es compartida por otros opositores como Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, quienes temen que el canal sea una fachada para la expropiación de tierras privadas en beneficio del gigante asiático.
El proyecto del canal interoceánico, que pretende unir el mar Caribe con el océano Pacífico a través de Nicaragua, ha sido objeto de críticas desde su concepción en 2013. Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han denunciado el impacto ambiental y social que tendría la obra, así como la falta de transparencia en su gestión.
La reciente reforma a la Ley del Régimen Jurídico de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, aprobada por el Parlamento dominado por el oficialismo, ha allanado el camino para la retirada de la concesión a HKND Group.
Este giro en el proyecto coincide con un acercamiento significativo entre Nicaragua y China, que han elevado sus relaciones diplomáticas al nivel de “asociación estratégica”. Este vínculo ha generado una serie de acuerdos de cooperación en diversos ámbitos, lo que alimenta la especulación sobre la posible participación de China en el canal interoceánico.
La potencial entrada de China en el proyecto suscita interrogantes sobre el futuro de la obra y sus implicaciones para Nicaragua. Si bien podría representar un impulso económico para el país, también genera inquietudes sobre la soberanía nacional y el impacto ambiental a largo plazo.
La opacidad del proceso y la falta de participación ciudadana acrecientan las preocupaciones de la oposición y la sociedad civil, que exigen transparencia y un debate público sobre el futuro del canal interoceánico.
