OTTAWA, 08 MAYO.- El gobierno federal de Canadá ha aprobado la solicitud de la provincia de Columbia Británica para volver a criminalizar el consumo de drogas ilícitas en espacios públicos, marcando un giro significativo en la política de drogas de la región.
Desde enero de 2023, la provincia había implementado un programa piloto de despenalización que permitía a los adultos portar hasta 2,5 gramos de drogas para uso personal sin enfrentar cargos criminales. Esta medida buscaba reducir el estigma asociado al consumo de drogas y facilitar el acceso a atención médica y a un suministro seguro.
Sin embargo, la falta de marcos regulatorios y las preocupaciones por la seguridad pública llevaron al gobierno provincial a solicitar un ajuste a la orden de exención. La ministra federal de Adicciones y Salud Mental, Ya’ara Saks, anunció la aprobación de dicha solicitud, que entra en vigor de inmediato.
A partir de ahora, si bien los adultos podrán seguir portando pequeñas cantidades de drogas ilícitas para uso privado, su consumo en espacios públicos como hospitales, restaurantes y playas será penalizado.
El ministro de Seguridad Pública de Columbia Británica, Mike Farnworth, celebró la decisión, argumentando que “la adicción es una cuestión de salud, no de justicia penal, pero eso no significa que todo está permitido”.
La medida ha generado críticas por parte de quienes consideran que la despenalización es fundamental para abordar la crisis de opioides que afecta a Canadá. El líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, ha calificado el enfoque del gobierno liberal de “extremista” y “loco”, y ha aprovechado la situación para atacar la política de drogas del gobierno.
El primer ministro Justin Trudeau, por su parte, ha defendido la despenalización como una herramienta para combatir el estigma y facilitar el acceso a la ayuda, pero ha reiterado que el gobierno solo aprobará exenciones legales que cuenten con el apoyo de las provincias.
El futuro de la despenalización en Canadá sigue siendo incierto, con un debate abierto sobre el equilibrio entre la salud pública y la seguridad.
