Sandra Jove, ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, anunció en la tarde de este lunes que el Gobierno de ese país da fin a la misión anticorrupción de la Organización de Naciones ONU, por considerar que no respetó los acuerdos internacionales.
A su turno, el presidente de este país centroamericano, Jimmy Morales, manifestó que se da por terminado el acuerdo entre su Gobierno y las Naciones Unidas para el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), y dio un plazo de 24 horas para que los funcionarios de la Misión abandonen el país. El anuncio se dio tras una reunión con el jefe de la ONU, Antonio Guterres, en Estados Unidos.
“El acuerdo queda finalizado por las violaciones hechas por la Comisión”, señaló la ministra Jovel, tras agregar que el presidente Morales “siempre ha permitido las investigaciones en su contra”.
Carmen Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia en Guatemala, en diálogo con Spotnet Noticias, manifestó que las organizaciones sociales y políticas que representa consideran que “el Gobierno no puede dar el carpetazo a la Cicig y dar por terminado el acuerdo con la ONU de manera unilateral”.
Explicó, además, que “tampoco es bueno que la canciller haya llegado a somatar (rematar) la mesa, dando 24 horas para que la comisión abandone el país (y sus funcionarios)”.
Por otra parte, manifestó que el abogado Alfonso Carrillo planteó una acción ante la Corte de Constitucionalidad, “para que ordene dejar sin efecto la acción de la canciller”.
No es nuevo
Esta decisión tiene una estrecha relación con las diferencias que ha sostenido la Cicig con el gobierno de Morales y que, incluso, ya había llevado a una expulsión, en diciembre pasado, cuando la misión que es presidida por el exmagitrado colombiano Iván Velásquez recibió la “orden” de salir del país, aunque no se cumplió en 2018.
Además, hay otro capítulo en esta disputa. El pasado domingo, en el Aeropuerto Internacional de La Aurora, al colombiano Yilen Osorio, investigador de la entidad adscrita a Naciones Unidas, fue retenido contra su voluntad por el gobierno guatemalteco, al no permitirle el ingreso a este país, situación que fue resuleta 24 horas después.
En este caso, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, solicitó una acción de exhibición personal para evitar que Osorio fuera deportado, tal y como lo intentó la Migración centroamericana.
Por su parte, la fiscal general, Consuelo Porras, pidió al personal del Ministerio Público, la entidad que dirige, que “ordenen a los agentes de la Policía Nacional Civil presentes en el lugar que cumplan con la resolución constitucional” que amparaba a once funcionarios internacionales de la Cicig, entre ellos Osorio.
¿Habrá más Impunidad?
Al preguntarle a la directora del Movimiento Pro Justicia si habrá impunidad en los casos de corrupción que manejaba la Cicig, señaló que “hay grupos de poder económico y político, así como fuerzas criminales, que están aprovechando las afecciones personales del presidente y de la canciller” para convertirlos en aliados y así convertir al gobierno “en su brazo ejecutor”, bloqueando el actuar de la Comisión.
Agregó que hace un par de años la Cicig inició un proceso por adopción ilegal contra la ministra Jove y en 2016, por casos de fraude y otros temas, abrió otro proceso contra el hermano y uno de los hijos del presidente Morales.
“Lo que buscan estos grupos aliados, vía el presidente y sus funcionarios, es bloquear la persecución penal contra quienes hacen los grandes negocios con corrupción, narco, crimen organizado”, señaló Ibarra, lo cual se convierte en “hechos que cooptan al Estado, enriquecimiento ilícito, lavado, entre otros”.
El diputado oficialista Estuardo Galdámez había convocado este lunes al pleno del Legislativo para promover la expulsión de la Comisión Contra la Impunidad, cuestionando que el Congreso debe “analizar de forma inmediata” las acciones de la Cicig y sus “actuaciones contrarias a la institucionalidad, al Estado de Derecho y buena gobernanza del país”, por considerar que hay “extralimitaciones” de las funciones que la Constitución le confiere a la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, en relación a la “materia de política exterior”.
