San Salvador, 3 feb (EFE).- Hasta no hace mucho en El Salvador la entrada a algunos barrios estaba vetada, controlados por pandillas o ‘maras’ que imponían su ley. Pero llegó el régimen de excepción impuesto hace casi dos años por el presidente Nayib Bukele, que opta este domingo a la reelección, y de un golpe acabó con la violencia, al tiempo que entre la población se disparaba el “temor” a las fuerzas de seguridad por sus detenciones arbitrarias.
Las “fronteras” en algunas comunidades delimitaban el área de control de diferentes pandillas. En la colonia Valle del Sol, cercana a la capital, la Mara Máquina, la Mara Salvatrucha (MS) y el Barrio 18 se repartían el territorio, con diferentes periodos de dominio en zonas muy acotadas.
“Todo esto era frontera, todo esto era violencia”, explica a EFE el periodista comunitario Víctor Barahona, que vive desde hace más de tres décadas en Valle del Sol. Estos son “los lugares donde más balaceras había”, incluso “tengo amigos que aquí los balearon” en fuego cruzado.
Cuesta imaginarse ese tranquilo lugar dominado por pandilleros de rostro tatuado. Apenas circulan vehículos, es silencioso, limpio, con fachadas de vivos colores.
No hay que remontarse mucho tiempo, hasta 2015, para que El Salvador fuera considerado uno de los países más violentos del mundo, con 103 homicidios registrados por cada 100.000 habitantes. Un dato que ha ido cayendo hasta los 2,4 de 2023, convirtiendo al país en el más seguro de Latinoamérica, de acuerdo con el Gobierno.
“En lo que va del 2024, El Salvador tiene ya la tasa de homicidios más baja de todo el hemisferio occidental. De continuar la tendencia, la tasa de homicidios sería de 1,6 por cada 100.000 habitantes”, aseguraba Bukele recientemente en la red social X, reforzando su candidatura electoral.
La popularidad de Bukele es innegable y se espera que arrase este domingo con más del 80 % de los votos, pero cada vez son más las voces que advierten, sin levantar mucho la voz, de las fracturas de la medida con sus arrestos masivos.
“Estuve al borde de la muerte, estoy aquí porque siempre he tenido fe en que Dios me iba a sacar, y aquí estoy, dando testimonio de lo que se vive en esos lugares. Vimos mucha gente fallecer por falta de medicina, por garrote de los custodios, prácticamente no te daban medicina en esos lugares a pesar de que podías padecer de hipertensión, diabetes, cualquier enfermedad crónica”, explica Barahona, que pasó 11 meses y 12 días en prisión, y achaca su captura a su labor como periodista.
Dormían en el suelo, en celdas al doble de su capacidad, con un vaso de “agua sucia” para pasar el día y “porcioncitas pequeñas” de comida. Barahona es un hombre fornido, no era así cuando salió del penal. “Yo perdí 80 libras en ese lugar, puedes ver mi cuerpo lleno de cicatrices y así es todo mi cuerpo, así estábamos todos”.
Violaciones a los derechos humanos
Desde la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, se han producido más de 75.000 detenciones. Rina Montti, de la organización humanitaria Cristosal, no da abasto.
“Tenemos hasta el momento 3.730 personas que nos han interpuesto denuncia (…) El 90 % están hablando de detenciones arbitrarias, es decir, detenciones que no se les ha justificado”, afirma a EFE.
La mayoría de ellos, dice, son hombres de entre 18 y 35 años, “usualmente de zonas empobrecidas” que habían estado “estigmatizadas” por el control de las pandillas.
Un régimen de excepción en el que primero se sospecha que impusieron ciertas cuotas para arrestar al mayor número de pandilleros, y que “ahora básicamente se está aplicando a cualquier persona que en determinado momento un policía pueda considerar que está faltando a algún tipo de ley”, según la activista.
“Ahora le tengo miedo a la policía”, reconoce Montti, que pasó de temer a las pandillas, a sentir lo mismo con las fuerzas de seguridad. “Lo triste es que estoy hablando siempre de temor, solo estás cambiando el rostro del victimario. Y eso sí es muy preocupante, porque entonces la paz, que es lo que se pretendía tener con la neutralización y el encarcelamiento de los pandilleros, que fueron crueles de una manera indescriptible, simplemente ahora lo estás pasando a los policías”, dijo.
Los centros penitenciarios, sentencia, “son básicamente centros de tortura”, con más de 180 casos documentados por la organización de reos muertos, “y las condiciones incluso cuando salen los cuerpos son totalmente deplorables, personas que se han muerto literalmente de hambre”, otros con cicatrices, “el mismo cuerpo habla por sí mismo”.
Se lo devolvieron muerto
Cometió el error de vivir en uno de los barrios más peligrosos de San Salvador, dominado por la MS. Es una mujer de mediana edad, que no quiere dar su nombre por miedo a represalias. Hace justo una semana le anunciaron que su pareja, a la que habían arrestado el 3 de diciembre de 2022 bajo el régimen de excepción, había muerto. Debía recoger el cadáver.
Esta mujer que regenta una pequeña tienda de comestibles accedió a reunirse con EFE caída ya la noche, en una pequeña vivienda alejada y vacía, con vistas a la ciudad. Insiste en que su compañero, sin antecedentes penales ni tatuajes, no tenía vínculos con las pandillas.
“Le preguntaba por qué se lo llevaba, y la respuesta del policía fueron simples ‘me lo tengo que llevar’, así, nada más, sin mayor explicación, sin motivo alguno. Él simplemente estaba tras una orden que se lo tenía que llevar, eso fue todo lo que el policía me dijo en ese momento”, recuerda. Fue la última vez que vio a su pareja.
La mujer luchó para que su compañero, hipertenso y diabético, saliera con vida del penal. Contactó con la organización Socorro Jurídico Humanitario, que la apoyó en el proceso para solicitar un Habeas Corpus, con base en sus problemas de salud, y a llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, pero sin éxito.
Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, explica a EFE que este caso “es uno de los ejemplos (…) de los errores y horrores del régimen de excepción, que confirma nuestra aseveración que el régimen de excepción no sirve para hacer justicia, sirve para capturar masivamente, y entre esas capturas masivas se ha llevado más de 23.000 inocentes a las cárceles”.
La activista detalla que en este caso fue una llamada anónima acusándolo de ser “colaborador de pandillas”, el término más ambiguo, en el que incluyen incluso a los que son extorsionados por las maras.
Su organización ha documentado 225 muertes, y solo “el 6 % estaba perfilado como pandillero”.
La viuda muestra en su móvil una foto de su pareja junto al mar, con una camiseta de asas, sin un solo tatuaje. A continuación, una más reciente, en el ataúd, con el rostro consumido.
“Yo recibí un esqueleto. Era su piel sobre su, pues, no había carne, no había masa muscular, no había nada”, lamenta.
Moncho Torres
