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Un proyecto de ley en Florida que obligaría a las empresas a verificar que sus empleados no sean indocumentados enfrenta la oposición de los sectores de la agricultura, el turismo y la construcción, que perderían hasta 253.500 empleos, según un informe divulgado este martes por el grupo proinmigrante FWD.us.
La medida, una promesa de campaña del gobernador Ron DeSantis, alineado con las fuertes políticas migratorias del presidente Donald Trump, busca el cumplimiento del programa federal migratorio E-Verify entre empresas vinculadas al gobierno estatal, pero también las privadas.
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