El gobierno de Venezuela denunció este miércoles como “un robo” el fallo de una corte estadounidense que autorizó a la minera canadiense Crystallex a confiscar activos del país para cobrar una indemnización de 1.200 millones de dólares.
“¿Cómo se llama esto? Bandidaje, mafia, traición a la patria”, dijo el presidente Nicolás Maduro, al acusar al opositor Juan Guaidó -reconocido como mandatario encargado por medio centenar de países- de haber maniobrado a favor de la empresa.
Es una “operación para el robo (…) de los recursos y de los activos de Venezuela”, había dicho más temprano la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.
La decisión del tribunal de apelaciones ratificó el fallo de una corte federal que, en agosto de 2018, autorizó a Crystallex a confiscar acciones de Citgo -filial de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos- para compensarse por la estatización de una mina en 2011 de la que era concesionaria.
Según el fallo del pasado lunes, el gobierno venezolano no pagó la indemnización acordada tras un arbitraje internacional.
“Esta empresa nunca tuvo derechos mineros, nunca tuvo títulos legítimos, ni propiedad sobre la mina las Cristinas. Es un acto de crimen organizado en connivencia con Estados Unidos”, aseguró la vicepresidenta.
En su ofensiva para desalojar a Maduro del poder y en apoyo a Guaidó, Washington entregó el control de los activos de Citgo al opositor, que en febrero pasado designó una junta directiva paralela.
El gobierno denunció que un “falso procurador” nombrado igualmente por Guaidó, José Ignacio Hernández, actuó en favor de Crystallex, a la que en el pasado había asesorado en cuestiones legales con PDVSA.
Hernández, “actuando de manera ética y legal, se inhibió de manera oportuna (…) de todas las actuaciones relacionadas con este asunto” desde marzo pasado, se defendió Guaidó en un comunicado de su despacho.
Según ese pronunciamiento, el fallo de la corte de apelaciones permitirá al “gobierno legítimo volver a plantear alegatos en primera instancia, lo que podría permitir reabrir el debate judicial desde su inicio”.
Además, sostiene que Crystallex no puede embargar las acciones, pues todos los activos de PDVSA en Estados Unidos fueron bloqueados por el gobierno de ese país.
