La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado este miércoles las recientes inhabilitaciones dictadas por el Tribunal Supremo de Venezuela contra políticos opositores, como la candidata presidencial María Corina Machado, y ha alertado de que estas maniobras “son propias de regímenes autoritarios”.
El organismo ha emitido un comunicado en el que advierte de que este tipo de decisiones no hacen más que contribuir a “un ambiente de persecución” que desalienta la participación ciudadana, y alimentan un patrón de detenciones arbitrarias de opositores y sindicalistas y de proyectos legislativos que obstaculizan las asociaciones civiles.
“Al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno”, ha apuntado la CIDH.
En este contexto, el organismo interamericano ha recalcado que, “de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado”, ningún órgano administrativo tiene capacidad de restringir los derechos políticos a través de sanciones de inhabilitación o destitución, sino que estas sanciones tan solo pueden ser impuestas por la Justicia.
Así, la CIDH ha recordado que cualquier Estado debe “garantizar la participación política en condiciones de igualdad” y, en el caso de Venezuela, ha señalado que “es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana”.
“La CIDH llama a adoptar, con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y demás poderes públicos. Sólo así se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas”, ha concluido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Tribunal Supremo de Venezuela ratificó el pasado viernes la inhabilitación durante 15 años de Machado, por lo que no podrá ocupar cargos públicos ni presentarse a las elecciones presidenciales de este año. La opositora acusó al Gobierno de intentar acabar con los acuerdos de Barbados, que planteaban unas elecciones libres.
