La urgencia de tener que presentar la solicitud de extradición del ex juez supremo peruano César Hinostroza, detenido desde el viernes en Madrid, llevó al magistrado Hugo Núñez Julca a ordenar el domingo por la noche su detención preventiva por tres años. La justicia del país sudamericano emprenderá una investigación penal en la que Hinostroza está señalado como presunto jefe de una organización criminal dentro del poder judicial y por otros tres delitos contra el Estado.
Esta resolución será uno de los apartados de la petición de extradición que Perú debe presentar al Ministerio de Asuntos Exteriores español en un plazo máximo de 80 días, a contar desde el 19 de octubre. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra ha asegurado este lunes por la mañana que en menos diez días la documentación estará lista.
Según el fallo del juez supremo Núñez Julca —quien ve los casos de los altos funcionarios a quienes el Congreso acusa constitucionalmente y retira la inmunidad— los otros delitos que habría cometido el magistrado destituido son tráfico de influencias, negociación incompatible y patrocinio ilegal en agravio del Estado. “El daño causado por la conducta que habría desplegado el procesado genera una afectación de gran magnitud, pues afecta tanto al Poder Judicial, Ministerio Público y Consejo Nacional de la Magistratura que deriva en una conmoción social de gran envergadura al presuntamente tratarse de una organización criminal que incluso involucraría a funcionarios del CNM y el Poder Judicial”, refiere la resolución judicial.
El jefe de la unidad de cooperación internacional del Ministerio Público, Alonso Peña Cabrera describió a EL PAÍS la ruta que debe seguir el llamado cuadernillo de extradición antes de que sea enviado a Madrid, el cual estará listo una vez que pase por siete instancias. El cuaderno es remitido a “las salas penales supremas para que una de ellas emita la resolución consultiva. Si lo declara procedente, lo envía al Ministerio de Justicia y el Consejo de Ministros aprueba la solicitud de extradición”, refiere Peña. “Luego, el Ministerio de Justicia lo envía a la unidad de cooperación internacional del Ministerio Público, y este a la Cancillería para que lo despache a la Embajada de Perú en España”, añade el funcionario.
Suspensión de la audiencia a Keiko Fujimori
Por otro lado, el domingo las defensas de la líder de oposición Keiko Fujimori y de otros once líderes y vinculados a su partido, Fuerza Popular, lograron suspender -mediante recursos formales- la audiencia en la que el juez de garantías Richard Concepción iba a escuchar a las partes para evaluar el pedido de detención preventiva por 36 meses en el marco de una investigación por lavado de activos contra los doce fujimoristas.
Los abogados de los miembros y colaboradores de Fuerza Popular han pedido recusar al juez Concepción pues fue quien ordenó la detención preliminar de la líder fujimorista hace un par de semanas. El pasado viernes, la publicación de investigación IDL-Reporteros difundió una conversación de Telegram de Keiko Fujimori, durante su detención, con uno de sus asesores políticos y tres congresistas de su bancada en la que les daba instrucciones para respaldar al fiscal de la Nación Pedro Chávarry, porque lo consideraba una “persona correcta”. Fuerza Popular logró proteger al fiscal general contra una acusación constitucional por presuntamente pertenecer a la misma red de corrupción que lideró Hinostroza, llamada Cuellos Blancos del Puerto.
Asimismo, por Telegram, el asesor político de Fujimori, Pier Figari, ordena a los legisladores “dar entrevistas, joder y deslegitimar” al fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, quien solicitó la detención preliminar -y ahora la preventiva- de la líder fujimorista.
