La Paz, 14 dic (EFE).- La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez pidió a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encuentra en el país que la visite en la prisión donde está recluida desde hace más de dos años para garantizar que se escuchará “a todas las partes involucradas” en la crisis de 2019.
En un mensaje en sus redes sociales, Áñez (2019-2020) recordó al relator para Bolivia de la CIDH, el mexicano José Luis Caballero, que fue su Gobierno el que acordó con el organismo la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) para que investigue los sucesos poselectorales de 2019.
“Son 1.004 días de mi secuestro y detención preventiva indefinida por régimen del MAS (el gubernamental Movimiento al Socialismo), sin #JuicioDeResponsabilidades ni investigación de verdad. Le envié carta, evidencias e invitación, lo espero”, agregó en el mensaje.
La exmandataria transitoria acompañó su mensaje con fotografías de una carta enviada a Caballero y a los otros comisionados, en la que les solicita “encarecidamente una visita” al Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, en La Paz, donde dijo que se encuentra “indebidamente privada de libertad” desde marzo de 2021.
Con la visita, Áñez busca que la comisión “pueda garantizar el haber escuchado a todas las partes involucradas” en el informe sobre reparación de daños vinculados a la crisis política de 2019, presentado en esta jornada por Caballero en un evento junto a ministros del Gobierno de Luis Arce.
“De no existir ello, no solamente considero tal visita carente de equidad, sino plenamente injusta”, indicó.
Áñez sostuvo que hasta el momento, los operadores de justicia de Bolivia “sólo han dado lugar a investigaciones parcializadas” en su contra, incumpliendo con la recomendación del GIEI de que la indagación de los hechos de 2019 sea “efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos” de víctimas y procesados.
También lamentó que no se esté investigando al exmandatario Evo Morales (2006-2019) y otros exfuncionarios por los hechos violentos ocurridos entre septiembre y noviembre de 2019, cuando él todavía era presidente de Bolivia.
Al presentar el informe de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI (MESEG), Caballero manifestó su preocupación por los “escasos avances” en las investigaciones por los actos de violencia y violaciones de derechos humanos durante la crisis de 2019 en Bolivia.
El Gobierno de Arce y el MAS afirman que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Evo Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia a la Presidencia fueron consecuencia de un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año, que luego fueron anulados.
Áñez está en prisión preventiva acusada de terrorismo y conspiración dentro de una de las investigaciones por la crisis de 2019 y el año pasado fue sentenciada a 10 años de cárcel en otro proceso en el que se le acusó de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
La expresidenta transitoria afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria, entre ellos los casos conocidos como “Sacaba” y “Senkata”, ambos por las muertes de civiles durante la crisis.
La política siempre reclamó un proceso especial como expresidenta y en mayo pasado denunció al Estado boliviano ante la CIDH por negarle un juicio de responsabilidades.
