MADRID, 10 ABRIL.- El martes por la tarde, el Congreso admitió a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Regularización Extraordinaria para Personas Extranjeras en España, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto Vox. Esta iniciativa, respaldada por casi setecientas mil firmas y apoyada por 906 organizaciones, fue impulsada por inmigrantes en situación irregular y busca la regularización de cientos de miles de personas que viven y trabajan sin papeles en España.
El debate de hoy estuvo marcado por la incertidumbre debido a la posición de algunos partidos clave en la votación. Junts confirmó su voto afirmativo durante la mañana, mientras que el PP no había definido su posición hasta minutos antes del pleno. Finalmente, ambos partidos facilitaron la tramitación de la iniciativa.
El PSOE, aunque tenía reservas, decidió apoyar la propuesta, destacando la importancia de la presencia de inmigrantes en España para la sostenibilidad del sistema de pensiones. El único voto en contra fue de Vox, cuya portavoz argumentó que querían preservar la identidad española.
La defensa de la propuesta estuvo marcada por diversas intervenciones. El Partido Popular expresó su voto a favor en respeto a las organizaciones populares que la respaldan, así como a entidades religiosas y empleadores que necesitan mano de obra. Sin embargo, sugirieron que la regulación de las regularizaciones extraordinarias debería realizarse a través de un Real Decreto.
El PSOE criticó los discursos de odio y xenofobia en relación con la inmigración, agradeciendo la presencia del primer firmante de la ILP y mostrando un claro apoyo a la propuesta.
Junts, por su parte, dio su voto favorable con la intención de realizar “matizaciones” en el futuro. Además, criticaron la falta de competencias en materia de inmigración en Cataluña y abogaron por una política nacional de inmigración propia.
Esta iniciativa, liderada por asociaciones y sindicatos de inmigrantes en toda España, ha tenido un largo recorrido desde la presentación de las firmas hasta su admisión a trámite en el Congreso, representando una demanda de justicia social para los migrantes que viven en España sin acceso a derechos.
