Los productos eran para atender la crisis de abasto que existe en ese país.
La Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) de México informó que en esta red participaban empresarios mexicanos y venezolanos.
En México se compraban alimentos perecederos que se enviaban a Venezuela, donde se revendían a un precio 112% mayor a su costo real, dijo el subprocurador Israel Lira Salas.
La distribución se realizaba a través del sistema CLAP venezolano, siglas de Comité Local de Abastecimiento y Producción.
A través de esta red el gobierno de Venezuela vende a un precio subsidiado cajas con alimentos básicos con los que subsisten muchos venezolanos en medio de la crisis y la hiperinflación.
Los receptores se quejan de la escasa calidad de los productos y de que las cajas llegan con menos frecuencia de la necesaria.
Indemnización
Para evitar un juicio, los implicados mexicanos acordaron entregar una indemnización de US$3 millones.
El dinero se entregará a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Según Luis Alfonso de Alba, subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería, los recursos serán para atender a los venezolanos que han salido de su país.
Durante la investigación se localizaron 1.300 contenedores con aproximadamente 1,8 millones de despensas con alimentos, los cuales tenían como destino Venezuela.
Las autoridades decidieron permitir el envío del cargamento, pues corría el riesgo de que los alimentos perecieran, o que se entregaran en malas condiciones a los beneficiarios.
No se informó la cantidad de despensas enviadas a Venezuela, ni el tiempo en que operó la red que fue desactivada.
Los medios venezolanos han informado tanto de la baja calidad de los productos CLAP como de las redes de empresarios que trabajan con el gobierno y que se benefician con la exportación de los codiciados alimentos a Venezuela.
