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MEXICO, 27 ABRIL.- América Latina y el Caribe se enfrentan a un desafío crucial: el envejecimiento de su población y la precariedad de sus sistemas de pensiones. Millones de adultos mayores, tras décadas de trabajo, se ven obligados a enfrentar la vejez con ingresos insuficientes, empujándolos a la informalidad laboral o a depender de la ayuda familiar para sobrevivir.

Esta realidad se extiende por toda la región, donde la informalidad laboral, las bajas pensiones y la falta de cobertura en los sistemas de seguridad social son problemas comunes. La informalidad, presente en gran parte de la economía latinoamericana, excluye a millones de trabajadores de los sistemas de pensiones contributivos, dejándolos desprotegidos en la vejez. Incluso aquellos que logran acceder a una pensión, a menudo reciben montos que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas, forzándolos a buscar ingresos adicionales o depender de la solidaridad familiar.

La desigualdad de género también se hace evidente en este contexto, ya que las mujeres, con trayectorias laborales más interrumpidas y salarios más bajos, son las más afectadas por la precariedad de los sistemas de pensiones. A esto se suma la preocupación por la sostenibilidad financiera de estos sistemas, que se ven presionados por el envejecimiento de la población y la informalidad laboral.

En México, la informalidad es un obstáculo clave para el acceso a pensiones dignas. La mitad de la población activa trabaja en la informalidad, lo que limita su acceso a la seguridad social. Si bien se discuten reformas para mejorar las pensiones, la informalidad sigue siendo un desafío importante. En Argentina, la inflación galopante erosiona el poder adquisitivo de los jubilados, quienes dependen de bonos y ayudas para sobrevivir. La crisis económica dificulta la sostenibilidad del sistema de pensiones y agrava la vulnerabilidad de los adultos mayores.

Brasil, a pesar de los avances en la cobertura de pensiones, aún presenta desafíos en cuanto a la suficiencia de los montos y la alta tasa de informalidad laboral que obliga a muchos jubilados a seguir trabajando. En Chile, el sistema de capitalización individual, pionero en la región, ha sido objeto de críticas por no garantizar pensiones dignas. Las bajas pensiones, las “lagunas previsionales” y la discriminación salarial hacia las mujeres son problemas urgentes por resolver.

Bolivia y Paraguay también presentan dificultades en sus sistemas de pensiones. En Bolivia, la baja cobertura y los ingresos insuficientes son los principales desafíos, mientras que en Paraguay la baja cobertura de la seguridad social y la precariedad de las pensiones son problemas crónicos.

Para superar la crisis de las pensiones en América Latina, se requieren acciones concretas. Es fundamental reducir la informalidad laboral para ampliar la cobertura de los sistemas de pensiones. Asimismo, se necesitan reformas que garanticen la sostenibilidad financiera de los sistemas, mejoren la suficiencia de las pensiones y reduzcan las desigualdades de género. Fortalecer los programas de protección social y promover el ahorro previsional voluntario también son medidas esenciales.

La lucha por una vejez digna es una lucha por la justicia social. Los países de América Latina y el Caribe deben actuar con urgencia para garantizar que todos sus ciudadanos puedan disfrutar de una vejez libre de pobreza y con la seguridad de contar con ingresos suficientes para vivir con calidad.

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