Lima, 18 abr (EFE).- El partido fujimorista Fuerza Popular rechazó este martes la renuncia a su militancia que presentó la legisladora María del Pilar Cordero Jon Tay y anunció que seguirá adelante con su proceso de expulsión, además de pedir que sea destituida e inhabilitada durante 10 años por el Congreso peruano, por un presunto caso de corrupción.
Fuerza Popular informó en un comunicado que este lunes recibió la carta de renuncia de Cordero Jon Tay y que, tras ser evaluada por su Secretaría Nacional de Ética y Disciplina, tomó la decisión de no aceptarla y “continuar con el proceso de expulsión” de la legisladora, acusada de recortar el sueldo a uno de sus trabajadores.
“El proceso de expulsión antes mencionado seguirá su curso conforme lo establece nuestro Estatuto partidario y sentará un precedente para toda la militancia fujimorista”, concluyó.
Este martes, la fujimorista Martha Moyano, primera vicepresidenta del Congreso, también presentó una denuncia constitucional contra Cordero Jon Tay por la presunta comisión del delito de concusión, además de infracción a la Constitución y al Código Penal peruano.
El delito de concusión contempla de 2 a 8 años de cárcel y se comete cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial.
En su denuncia, Moyano pidió que el Congreso aplique, “por la vía del señalado juicio político, la sanción máxima que el ordenamiento permite para la infracción constitucional, consistente en la destitución del cargo de congresista y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años”.
El programa televisivo Punto Final difundió este domingo el testimonio de un extrabajador del despacho de Cordero Jon Tay, que se mantuvo en el anonimato pero señaló que debió entregar el 50 % de su sueldo durante seis meses y luego le exigieron el 75 %.
En un audio que acompañó al reportaje se escucha a una mujer, señalada como Cordero Jon Tay, exigir al trabajador que entregue el dinero de inmediato e incluso le pide ir juntos a un banco.
La fujimorista, que representa a la región norteña de Tumbes, fronteriza con Ecuador, se había convertido el pasado viernes en la quinta legisladora peruana en ser investigada por la Fiscalía por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho.
Tras conocerse el testimonio y el audio sobre este caso, Fuerza Popular pidió este lunes que sea sancionada y retirada de todas las comisiones del Congreso, y le abrió el proceso disciplinario interno de expulsión.
La portavoz de la bancada fujimorista, Patricia Juárez, pidió “las disculpas del caso al pueblo peruano” y luego la denunció ante la Comisión de Ética parlamentaria por presuntamente haber violado los principios de honradez, veracidad, respeto, responsabilidad, transparencia, integridad y justicia.
El Ministerio Público también abrió en los últimos días investigaciones por el mismo delito contra las congresistas derechistas Heidy Juárez, Rosío Torres y Magaly Ruiz, y la izquierdista Katy Ugarte.
En todos los casos, las parlamentarias están acusadas de haber recortado sueldos a trabajadores de sus despachos, por lo que la Comisión de Ética también las investiga para determinar si las sanciona por faltas a la función legislativa.
