Ginebra, 26 jun (EFE).- El Estado brasileño fue sometido hoy a una revisión de sus políticas de protección de las libertades fundamentales ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde la delegación del país defendió que se han experimentado sensibles mejoras desde el relevo en el poder a principios de este año.
“Brasil está experimentando una reconstrucción profunda de sus políticas de derechos humanos, antes tan afectadas por la aplicación de una agenda perversa”, aseguró en el inicio de la revisión de la política brasileña la secretaria ejecutiva del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, Rita Cristina de Oliveira.
La jefa de la delegación brasileña ante el comité aseguró que durante el Gobierno anterior, presidido por Jair Bolsonaro, predominó un discurso de odio “manifestado en múltiples declaraciones públicas de altas autoridades”.
“Uno de los efectos fue el aumento de la violencia política y la celebración de elecciones bajo amenaza permanente de inestabilidad”, aseguró De Oliveira, quien señaló que uno de los principales efectos de ello fue el intento de toma de las instituciones en enero, poco después de que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia.
En contraste con las políticas anteriores, defendió la secretaria ejecutiva, actualmente se están desarrollando otras para apoyar a poblaciones “históricamente discriminadas y que hoy están en situación vulnerable”, como afrobrasileños, indígenas, mujeres o miembros de la comunidad LGBTQ.
En el caso de los afrobrasileños, recordó que la semana pasada Lula da Silva aprobó un programa de ayudas a familias en el que un 73 % de los beneficiarios pertenecen a ese grupo.
También se ha lanzado un plan para la juventud afrobrasileña “que apunta a reducir la violencia letal y la vulnerabilidad social contra estos jóvenes, luchando contra el racismo institucional”.
De Oliveira citó como otro cambio de timón en materia de derechos humanos el hecho de que el país abandonara el llamado “Consenso de Ginebra”, firmado por varios países con gobiernos conservadores en 2020 y en el que se condenaba el aborto: “Sus objetivos iban en contra de nuestros compromisos”, aseguró hoy.
La jefa de la delegación de Brasil también recordó que el país cuenta desde este año por primera vez con una secretaría nacional para defender los derechos de las personas LGBTQ.
Además, apuntó, Brasil ha simplificado los procedimientos “para los solicitantes de asilo que buscan acogida en nuestro país porque sus cuerpos y existencias son penalizados en sus países de origen por motivos de orientación sexual”.
De Oliveira agregó que el Gobierno de Lula da Silva ha asumido nuevos compromisos para luchar contra los abusos en el ámbito del sistema penitenciario, trabajando por “aumentar las garantías a procesos judiciales debidos, la lucha contra la tortura y la promoción de políticas de excarcelación”.
Por otro lado, reconoció que “la lucha en favor de la verdad y la memoria siguen sin haberse concluido en Brasil” casi 40 años después del fin de la dictadura, y subrayó que en ese sentido se está revisando la composición de la Comisión de Amnistía y el restablecimiento de una especializada en muertes y desapariciones durante aquel periodo (1964-1985).
De Oliveira también subrayó el deseo del nuevo Gobierno por “rescatar la memoria sensible del tráfico transatlántico y la esclavitud en Brasil”, o la mejor atención a los pueblos indígenas, con la creación en enero de un ministerio para defender sus derechos.
En respuesta al informe inicial, uno de los miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el magistrado español Carlos Gómez Martñinez, intervino para admitir que algunos de los problemas que arrastraba Brasil estaban relacionadas con su “situación pasada” (el anterior Gobierno) pero otros “son de carácter estructural”.
El magistrado señaló en este sentido que en el ámbito de la lucha contra la corrupción Brasil creó en 2013 una Ley de Empresas Limpias que es “una de las más duras del mundo, pero se aplica con deficiencias”.
Al respecto, citó que en el marco de la Operación Lava Jato, la mayor en Brasil contra el blanqueo de dinero, el Gobierno del país debe explicar “cómo en el Tribunal Federal se asignaron 980 casos pero sólo se juzgaran 44”, o que en algunos juzgados hubiera más condenas o acuerdos que denuncias presentadas.
Gómez Martínez expresó asimismo en nombre del comité preocupación por medidas antiterroristas que preparan las autoridades brasileñas, en particular con la creación de una autoridad nacional para este tipo de lucha contra el terrorismo que tendría asistencia militar y policial.
El magistrado preguntó a la delegación si existiría un control judicial o parlamentario de la actuación de esa nueva autoridad antiterrorista, que en su opinión debería también supervisar el trabajo de los servicios de inteligencia.
