Iván Duque en un acto de campaña junto al expresidente Álvaro Uribe NACHO DOCE (REUTERS).
El presidente colombiano, Iván Duque, solicitó el jueves a Naciones Unidas que amplíe un año la misión de verificación de los acuerdos de paz con las FARC. La petición, realizada a través de una misiva dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y a Karen Pierce, presidenta del Consejo de Seguridad, fue acordada con la dirección de la antigua guerrilla y busca extender la observación relacionada con la reincorporación de los excombatientes y la protección de las comunidades especialmente en las zonas rurales. Este paso, adelantado por El Espectador, supone un gesto de continuidad del nuevo mandatario y encierra algunos mensajes sobre sus planes con respecto a la aplicación de los acuerdos.
“Consideramos que la supervisión internacional es muy importante para ayudarnos a nosotros en el ejercicio de la legalidad, y a permitir que la base guerrillera haga una transición de desmovilización, desarme y reinserción que sea exitosa, obviamente contando también con su apoyo para verificar que no haya repetición”, señaló este viernes el presidente. “Creo que esa esa una misión que contribuye al deseo nuestro, que ha sido siempre no destruir los acuerdos, pero adelantar aquellos correctivos que van encaminados a que las cosas que van saliendo mal no representen una amenaza a la seguridad pública”, agregó.
El pasado 27 de julio, el Consejo de Seguridad reafirmó su compromiso de “seguir trabajando con Colombia en la implementación del acuerdo de paz a fin de garantizar una paz duradera en los meses y años venideros” y saludó el proyecto de gobierno anunciado por Duque en lo referente a “promover la unidad y superar la polarización”. Con esta premisa, destacó “la importancia de que la comunidad internacional continúe estrechamente involucrada para seguir apoyando y alentando el trabajo de Colombia para implementar el acuerdo de paz”.
A pesar de estas coincidencias, a lo largo de su carrera política Uribe y su formación han lanzado duras críticas a la ONU, y en particular a la misión de verificación que desplegó en Colombia con motivo del pacto que el Gobierno de Juan Manuel Santos selló con las FARC en noviembre de 2016.
En el episodio más reciente se remonta al pasado mes junio, cuando la bancada uribista rechazó con vehemencia el pronunciamiento de la misión de verificaciónen el que pedía al Congreso remover los “obstáculos” para aprobar las reglas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dilatadas por el Centro Democrático en su trámite legislativo. La bancada, que se autoproclamó como la “mayor responsable de la elección del presidente electo Iván Duque”, declaró en un comunicado que no aceptaba las “exigencias” de la ONU.
Los ataques fueron especialmente mordaces al comienzo del 2017, durante los primeros meses de la implementación de los acuerdos, cuando se conoció un vídeo en el que observadores de la ONU aparecían bailando con guerrilleras, en la celebración de Año Nuevo, en uno de los campamentos en que se agrupaban los rebeldes para preparar su tránsito a la vida civil. El episodio se saldó con el retiro de los funcionarios involucrados en el comportamiento que la ONU calificó como “inapropiado”.
