El misterio que rodea el paradero de varios líderes de la exguerrilla de las FARC deberá resolverse en los próximos 10 días. Este es el plazo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal constituido para juzgar los crímenes de la guerra en Colombia, otorgó este jueves a Iván Márquez y otros miembros de la antigua cúpula para entregar informes detallados sobre sus actividades y refrendar su compromiso con el acuerdo de paz.
La antigua guerrilla, desarmada y convertida en partido político, ya se sienta en el Congreso de Colombia. Pero el primer aniversario de la colectividad nacida del acuerdo de paz ha sido todo menos festivo. El paradero desconocido de varios de sus líderes, que abandonaron los espacios de reincorporación en los que se encontraban, ha encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes en medio de mutuos reclamos de incumplimiento frente a lo pactado en las negociaciones de La Habana.
Si bien los antiguos jefes guerrilleros no están obligados a permanecer confinados a los espacios de reincorporación, ni su ausencia contempla ningún tipo de sanción penal, sí tienen un compromiso explicito de colaborar en el tránsito a la vida civil de los excombatientes. La Misión de Verificación de la ONU en Colombia ya había advertido que en las últimas semanas seis dirigentes en cuatro de esas zonas en el sur de Colombia “tomaron la decisión de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí”.
En ese ambiente enrarecido, los mayores temores apuntan a que alguno de los líderes emblemáticos de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia termine por salirse del proceso de paz y alimente el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones, o huir en busca de refugio a la vecina Venezuela. En la otra cara de la moneda, varios miembros de la FARC han reclamado con insistencia por incumplimientos estatales que van desde los recursos prometidos para la reincorporación hasta las garantías de seguridad.
El presidente Iván Duque, que en campaña prometió hacer correcciones a lo pactado sin llegar a “hacer trizas” los acuerdos, pidió recientemente prolongar el acompañamiento de la ONU en el proceso de reincorporación de los excombatientes. Su alto consejero para el posconflicto, Emilio José Archila, ha defendido el compromiso con la implementación del nuevo Gobierno, que tomó posesión el 7 de agosto, pero asegura que heredaron de la administración de Juan Manuel Santos carencias en muchos frentes, que incluyen el “precario estado de las instalaciones” en los espacios y la inadecuada estructuración de los proyectos productivos que deben facilitar el tránsito de los exguerrilleros a la vida civil.
