Santiago de Chile, 30 jun (EFE).- Pionero en la capitalización individual y replicado en los 90 en buena parte de Latinoamérica, el ahora cuestionado sistema privado de pensiones chileno podría tener los días contados si se aprueba la nueva Constitución, que propone avanzar hacia un modelo público y más solidario.
Ana Gutiérrez no se imaginaba con 67 años estar haciendo tareas de aseo en un edificio de un barrio acomodado de la capital, pero no quiere “ser una carga” para su hijo.
“Con mi jubilación no me da, pero juntando lo que gano aquí, limpiando el condominio, llego a las 600 lucas mensuales (cerca de 640 dólares)”, dice a Efe Gutiérrez, que lleva trabajando desde los 16 años, aunque no siempre ha cotizado.
Su caso no es el único en Chile, uno de los países con el costo de vida más alto de la región: casi el 80 % de las pensiones pagadas son inferiores al salario mínimo (380 dólares) y sólo un 12,5 % es superior a los 500.000 pesos (540 dólares), según la Fundación Sol.
“Las pensiones son un derecho fundamental y dar garantías de una vida digna a los mayores es una obligación de la sociedad”, afirmó a Efe Elsa Labraña, quien ha integrado la convención de 154 miembros encargada de redactar durante un año la propuesta constitucional.
“El actual sistema es insostenible económica y moralmente”, agregó la constituyente independiente.
¿QUÉ PROPONE LA CONSTITUCIÓN?
Las pensiones llevan años en el ranking de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación del sistema fue una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019, que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.
Muchos vieron en el proceso constituyente que se inició a raíz del estallido una oportunidad para cambiar el sistema, algo que podría ocurrir si se aprueba la nueva Constitución, que se entregará simbólicamente a la ciudadanía el lunes y se plebiscitará el 4 de septiembre.
El texto crea un sistema de seguridad social público, basado en principios como la universalidad, la solidaridad y la sostenibilidad, y propone que sea financiado tanto por trabajadores como empleadores, a diferencia del actual.
“Se están creando las bases de algo completamente nuevo”, aseguró a Efe la constituyente independiente Aurora Delgado.
Su compañero Bernardo Fontaine es más crítico: “La convención rechazó garantizar que los trabajadores siguieran siendo dueños de sus ahorros previsionales y estableció un sistema público con bordes indefinidos”, apuntó a Efe.
MODELO CON CLAROSCUROS
Implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1980), el sistema fue pionero en la región en establecer la capitalización individual y en desechar el modelo de reparto.
Cada trabajador formal está obligado a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años las mujeres y 65 años los hombres) y que es tutelada por una de las siete Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que existen.
Las AFP, empresas privadas reguladas por el Estado, obtienen beneficios millonarios tras invertir esos ahorros en los mercados, que suman cerca del 8 % del PIB chileno.
“Después de 40 años de que se impusiera por la fuerza, las tasas de reemplazo en promedio están en torno al 20 % para las mujeres y 30 % para los hombres frente al 70 % que se prometió cuando se creó el sistema”, explicó a Efe Mario Villanueva, vocero de la Coordinadora No+AFP, que lleva años movilizando a miles de personas en las calles.
Sus defensores argumentan que el modelo ha contribuido al desarrollo del mercado nacional de capitales, mientras que sus detractores consideran que ha beneficiado a las élites y que solo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores.
En 2008, se hizo una reforma y se creó una pensión financiada por el Estado, dirigida al 60 % más pobre que nunca había cotizado o que recibía pensiones muy bajas.
El aporte estatal se amplió en 2021 hasta los 185.000 pesos mensuales (200 dólares).
La presidenta de la Asociación de las AFP, Alejandra Cox, es categórica al decir que el modelo “no ha caducado”, pero sí reconoce que “necesita ajustes”: “En Chile se contribuye con una tasa que es la mitad de la contribución obligatoria promedio en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y por la mitad del tiempo”.
“La tendencia del mundo -concluyó- es incorporar programas de ahorro y cambiar parámetros estructurales como la tasa de cotización y la edad de pensión”.
María M.Mur
