Lima, 26 mar (EFE).- El pleno del Congreso de Perú debatirá y votará próximamente una acusación constitucional que plantea inhabilitar durante 10 años para el ejercicio de la función pública al ex primer ministro Aníbal Torres, quien fue el jefe de gabinete del Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).
La decisión fue tomada este martes con 15 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones de los integrantes de la Comisión Permanente del Legislativo.
Los parlamentarios también aprobaron que el informe con esta acusación sea sustentado ante el pleno por la legisladora fujimorista Martha Moyano y por la derechista Lady Camones, quien preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El informe con la denuncia contra Torres se presentó por la presunta comisión de los delitos de motín, conspiración para la rebelión y omisión de resistencia a rebelión o sedición, a raíz del papel que cumplió y las declaraciones que dio durante el Gobierno de Castillo, que terminó el 7 de diciembre de 2022 tras un fallido intento de autogolpe de Estado.
Por ese motivo, se recomendó acusar constitucionalmente al ex primer ministro e inhabilitarlo durante 10 años para el ejercicio de la función pública.
Al inicio del debate de la denuncia, que fue presentada por el congresista Jorge Montoya, del partido ultraconservador Renovación Popular, se leyó un oficio enviado por Torres, quien aseguró que es víctima de una calumnia y será difícil que se acredite su culpabilidad.
Por ese motivo, consideró que no tenía sentido presentarse a ejercer su defensa ante la Comisión Permanente.
Sin embargo, la Mesa Directiva del Congreso calificó su inasistencia como “injustificada” y continuó con el debate del informe acusatorio.
Al sustentarlo, Camones lamentó la ausencia de Torres y Moyano dijo que se cumplió con el procedimiento establecido en la Constitución para el caso de una denuncia contra un ex presidente del Consejo de Ministros.
Agregó que el informe final determinó que los actos y expresiones de Torres durante el ejercicio de sus funciones “constituyen conductas que infraccionan los artículos constitucionales”.
Moyano consideró que el ex primer ministro vulneró la ley, denigró la Constitución y utilizó los llamados Consejos de Ministros Descentralizados para azuzar a la población y “hacer proselitismo político, como si se tratara de un evento partidario y no para deliberar proyectos en favor de la nación”.
Tras la aprobación de la acusación, la Comisión Permanente designó a Camones y Moyano para que sustenten el informe final y formulen la acusación contra Torres ante el Pleno del Congreso, en una fecha aún no anunciada.
