Lima, 11 sep (EFE).- La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Imelda Tumialán, declaró este domingo que la investigación aprobada por el Congreso de Perú que busca la remoción de sus integrantes es “un quiebre al orden constitucional” y que esa medida parlamentaria “no tiene ninguna garantía”.
Tumialán dijo que la investigación del Legislativo no tiene “ninguna garantía” porque no hay regulación sobre ese proceso, ni tampoco el reglamento del Congreso precisa cuál va a ser el procedimiento de esa pesquisa.
“Como Junta tenemos claro que esto es un quiebre al orden constitucional, porque somos una institución constitucional autónoma, que fue creada después de una reforma constitucional”, precisó en declaraciones a RPP Noticias.
La titular de la JNJ subrayó que han dado “muestra suficiente de un trabajo transparente en la selección de jueces y juezas, que es meritocrático, con un reglamento detallado, garantizando totalmente los derechos de los jueces y juezas del país”.
Sobre las acusaciones del Parlamento, Tumialán respondió que se les atribuye haber presionado al presidente del Poder Judicial, pero que no hay ningún indicio sobre aquello.
Pidió que se les permita presentar los argumentos que tienen porque consideran que las cinco imputaciones hechas por el Parlamento “carecen de fundamento”.
Tumialán remarcó que apelarán a todos los medios para proteger sus derechos, y también indicó que podrán recurrir al Tribunal Constitucional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría Especializada en Independencia Judicial de las Naciones Unidas.
El pleno del Congreso aprobó el jueves encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una investigación sumaria, por causa grave, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en un plazo de 14 días.
La congresista Patricia Chirinos, del partido derechista Avanza País, presentó la moción que busca la remoción de los integrantes de la JNJ bajo el argumento de que “se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales”.
Como fundamentos de hecho, la moción presentó un pronunciamiento de la JNJ sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la ex fiscal de la Nación (general) Zoraida Ávalos y la denuncia de supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de la inhabilitada magistrada.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, expresó el viernes su preocupación ante la decisión del Congreso de iniciar una investigación sumaria, por causa grave, a los miembros de la Junta y afirmó que la posición del Legislativo en este momento puede generar riesgo en la democracia del país.
“Desde el Gobierno exhortamos al Congreso a que se conduzca esta investigación dentro de los cánones constitucionales y que se haga lo que tenga que hacerse de la manera más prudente”, declaró el ministro.
