Asunción, 29 feb (EFE).- La bancada de oposición dio marcha atrás, por falta de cuórum, a su pedido de instalar una sesión extraordinaria de la Cámara Alta de Paraguay en la que esperaban derogar una resolución promovida por el gobernante Partido Colorado y sus aliados que destituyó a la legisladora opositora Kattya González.
La decisión fue dada a conocer en una conferencia de prensa por la senadora Esperanza Martínez, de la alianza de izquierdas Frente Guasu, quien confirmó que presentaron una nota para solicitar la no realización de la sesión, aunque anticipó que el bloque opositor seguirá reclamando la reincorporación de González.
“Queremos manifestarle a la ciudadanía que la causa política de la recuperación de la institucionalidad democrática en el Congreso y en la República sigue siendo el objetivo principal que nos une en la bancada democrática”, agregó Martínez.
La ahora exsenadora González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), fue despojada de su investidura el pasado 14 de febrero tras una propuesta del gobernante Partido Colorado y sus aliados liberales, que alegaron un presunto “uso indebido de influencias”.
Los opositores requerían la presencia de 23 de los 45 senadores para conformar el cuórum en esta jornada.
Su intención era discutir el retiro de investidura de González, que consiguió 23 votos a favor del oficialismo, los liberales y legisladores que se han apartado del independiente Partido Cruzada Nacional.
El bloque de oposición -que se ausentó de esa votación- cuestionó la no aplicación de un reglamento aprobado por el Senado en diciembre pasado, que establece un mínimo de 30 votos para avalar el retiro de la investidura a sus integrantes.
Martínez advirtió que esta situación supone un “descrédito” para las autoridades nacionales.
“Es el presidente de la República (Santiago Peña), es su Gobierno el que hoy internacionalmente es visto como antidemocrático”, sentenció la legisladora.
La defensa de González interpuso el martes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como una medida cautelar para dejar sin efecto la resolución legislativa mientras el alto tribunal analiza “el tema de fondo”.
Al respecto, Martínez consideró que la Corte Suprema “tiene bajo su responsabilidad decidir lo que tiene que hacer para restablecer la democracia” y anticipó que los opositores seguirán insistiendo desde los ámbitos legislativo, ciudadano y de debate político.
