TORONTO, 05 ABRIL.- El número de reclamaciones vinculadas al impuesto sobre las viviendas desocupadas en la ciudad de Toronto ha experimentado un drástico incremento, superando las 60.000 quejas. Este aumento refleja una creciente inquietud entre los propietarios de viviendas en la región metropolitana.
El contexto se establece a partir de notificaciones emitidas a aquellos propietarios que no cumplieron con el plazo de declaración, quienes se han visto enfrentando considerables deudas por mantener sus propiedades desocupadas. Este escenario ha generado confusión y malestar entre los residentes, muchos de los cuales afirman que sus propiedades marcadas como “desocupadas” en realidad están siendo utilizadas de manera regular.
El Impuesto sobre Viviendas Desocupadas en Toronto se aplica a los propietarios que dejan sus inmuebles sin habitar por un período superior a seis meses durante el año calendario. Para el año fiscal 2023, la tasa impositiva es del uno por ciento, lo que implica una carga tributaria considerable, como por ejemplo, un impuesto de 10.000 dólares para una propiedad valorada en 1 millón de dólares. Si bien la fecha límite inicial para la declaración del estado de ocupación de las residencias fue el 29 de febrero, esta se extendió posteriormente hasta el 15 de marzo para permitir una mayor claridad y cumplimiento por parte de los contribuyentes.
Numerosos propietarios aseguran haber completado la declaración cuando el programa se implementó por primera vez en 2022, sin embargo, desconocían la obligación de renovarla anualmente. Este aspecto ha generado cierta frustración y ha llevado a una mayor cantidad de reclamaciones y cuestionamientos sobre la comunicación y transparencia en torno al proceso tributario.
El Concejal del Distrito 12, Josh Matlow, expresó en una entrevista reciente su preocupación por la ejecución del impuesto a las viviendas desocupadas. Aunque reconoce su potencial como herramienta para incentivar el uso adecuado de la vivienda en medio de la crisis de asequibilidad, Matlow señaló que la implementación ha generado confusión y descontento entre los residentes.
“Es fundamental que las ciudades utilicen este tipo de impuestos de manera efectiva para identificar propiedades de inversión que permanecen desocupadas, contribuyendo así a abordar la crisis de vivienda”, mencionó Matlow. Sin embargo, también enfatizó la importancia de una comunicación clara y transparente por parte de las autoridades municipales para garantizar que los propietarios comprendan completamente sus responsabilidades y obligaciones fiscales.
La alcaldesa Olivia Chow se ha comprometido a revisar y mejorar el proceso relacionado con el impuesto a las viviendas desocupadas. En una declaración pública, Chow reconoció las deficiencias en la implementación del programa y se disculpó por cualquier inconveniente causado a los residentes.
“Es nuestro deber garantizar que los programas y políticas tributarias sean claros y equitativos para todos los ciudadanos”, declaró Chow. “Trabajaremos en estrecha colaboración con los grupos comunitarios y los expertos en políticas públicas para abordar estas preocupaciones y mejorar la comunicación con los propietarios de viviendas”.
Ante la avalancha de quejas, se espera que el ayuntamiento tome medidas para clarificar las reglas y procedimientos relacionados con el impuesto a las viviendas desocupadas. Esto incluirá una revisión de los plazos de declaración, una mayor claridad en la comunicación y la posibilidad de eximir ciertos cargos por pago atrasado para aquellos propietarios que hayan experimentado dificultades debido a la falta de información clara y oportuna.
